Brasil, 27 de agosto de 2010 (Prensa MPPEE).- En ceremonia efectuada en el recién reestrenado Palacio de Planalto (estuvo casi 18 meses en una reparación general y reabrió sus puertas la víspera), el presidente Luiz Inacio Lula da Silva firmó el decreto de concesión a esa Sociedad de la edificación de Belo Monte, proyecto rechazado por etnias locales y ambientalistas.

    "Estamos haciendo posible algo que por treinta años parecía imposible (...) es una victoria del sector energético", declaró Lula en el evento oficial que marcó el punto de partida para la faraónica obra que será construida en el interior del Estado de Pará (norte), junto al río Xingú.

   El presidente de la Sociedad de Propósito Específico del Consorcio Norte Energía, Carlos Nascimento, garantizó hoy el pago de todas las compensaciones por la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, en Brasil.

   Agregó que nadie dejará de ser oído ni de participar en el proceso de selección de las formas de indemnización, tanto ambientales como a las comunidades locales, por los daños que pueda ocasionar la edificación de esa hidroeléctrica en el Río Xingu, en el estado de Pará, la segunda mayor del país, después de la de Itaipú.

    De acuerdo con Nascimento, nunca antes un proyecto fue tan estudiado como el de la hidroeléctrica de Belo Monte y precisó que los posibles impactos de la obra fueron tema de tesis sobre los reflejos físicos, bióticos y socioeconómicos.

    El presidente de la Sociedad de Propósito sostuvo que la construcción de la hidroeléctrica dará empleo directo a 18 mil personas, indirectos a otras 23 mil y beneficará a un total de 54 mil habitantes de la región.

    El Gobierno brasileño se ha empeñado intensamente en el proyecto y las empresas estatales detentan 49,98% de participación en el consorcio que lo construirá. Se estima sin embargo que la influencia del Gobierno sobrepasará el 70% con la participación de fondos de pensión de funcionarios de empresas públicas.
     Completan el consorcio de capital brasileño grandes constructoras privadas.
     Según datos oficiales, el proyecto empleará 20.000 personas directamente en la construcción, inundará un área de 500 km2 junto al río Xingú y provocará 16.000 desplazados.
"Vamos a convencerles (a los que se oponen a la obra) de que estamos trabajando en serio en la cuestión social (...) y de que estamos tomando en serio la cuestión ambiental", aseguró Lula este jueves.    
    El Gobierno asegura que la obra no afectará a comunidades indígenas y que prevé suficientes medidas de mitigación para las comunidades locales.

     Precisamente coincidiendo con la rubrica de ese decreto, 56 entidades científicas, líderes indígenas, religiosos y sociales contrarios a esa obra divulgaron una nota de prensa en la que califican de "sentencia de muerte de Xingu" la construcción de esa hidroeléctrica.

    "Nuestra tienda de abastecimientos es la selva, nuestro supermercado el río", expresaron 62 líderes indígenas en un manifiesto contra la obra.

    El proyecto de Belo Monte tiene más de 30 años, pero fue abandonado en la década de 1990 debido a la presiones nacionales e internacionales de ambientalistas y pobladores locales.

    Sin embargo, el gobierno del presidente Lula retomó ese proyecto, al exaltar la necesidad de esa obra para garantizar la energía que requiere el desarrollo futuro de Brasil y mencionan los numerosos estudios e investigaciones realizados para provocar el menor daño posible con su construcción y funcionamiento.

     Con 11.200 MW de potencia que serán equivalentes al 11% de la capacidad instalada del país, y un costo de 11.000 millones de dólares (unos 8.700 millones de euros), la gigante represa pretende ser la tercera mayor del mundo, por detrás de Tres Gargantas en China (22 mil 500 megavatios)  e Itaipú (14 mil megavatios) en la frontera de Brasil y Paraguay.

Fuente: Prensa Latina y AFP